Responsabilidad del Administrador

¿Qué es una persona jurídica?

El artículo 35 del vigente Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, define a las personas jurídicas como las siguientes:

1.º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.

Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.

2.º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.

Por tanto, una persona jurídica depende siempre de una persona física o varias para actuar en la actividad diaria, a través de la representación de la persona jurídica por esta o estas personas físicas.

Las sociedades pueden ser representada por administradores únicos, solidarios, mancomunados, consejos de administración…

Lo usual en las pequeñas empresas es que ésta sea representada por un administrador único.

En muchos casos, suele desempeñar dicho cargo administradores que no son de hecho ni de derecho, es decir, lo comúnmente denominado administradores de “paja”.

Estas personas que aceptan libremente el cargo, pueden llegar a pensar que es una aceptación que está libre de consecuencias, pero dicha afirmación no es para nada acertada.

¿Qué responsabilidad puede incurrir un Administrador de una persona jurídica?

En el caso de que se dé algún incumplimiento con la normativa laboral, como pueda ser impagos de cotizaciones sociales, la Tesorería General de la Seguridad Social puede ir contra los Administradores de la sociedad. Ya que dicha conducta se considera una infracción muy grave, que puede ser considerada delito penal y no quedar en administrativo.

En cuanto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, comúnmente conocida como Hacienda, puede requerir el pago de las deudas al Administrador de la sociedad, como así queda recogido en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que dice que:

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

Si se analiza la responsabilidad desde la esfera penal, si el administrador falsea cuentas, estafa, realiza alzamiento de bienes, comete delito fiscal o laboral también incurrirá en responsabilidades.

También se le puede derivar responsabilidad mercantil atendiendo al artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que dice que

Artículo 236. Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad.

  1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. 

    La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.

  1. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.
  2. La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.
  3. Cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los administradores serán aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la sociedad basadas en su relación jurídica con ella.
  4. La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.

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